Sobre la resolución 65/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. informe completo

Aunque el actual Gobierno estadounidense ha adoptado algunas medidas
positivas, éstas son insuficientes y extremadamente limitadas y no
tienen la intención de alterar el complejo entramado de leyes,
regulaciones y disposiciones que conforman la política de bloqueo contra Cuba.

La ley de Comercio con el Enemigo de 1917; la ley de Asistencia
Exterior de 1961; la Ley de Administración de las Exportaciones de
1979; la ley Torricelli de 1992; la ley Helms-Burton de 1996 y las
regulaciones de administración de las exportaciones no sólo se
mantienen, sino que conforman la arquitectura jurídica de una política
que califica como un acto de genocidio, en virtud de la Convención de
Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de
genocidio, y como un acto de guerra económica de acuerdo con lo
establecido en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra
Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Como consecuencia de la estricta y feroz aplicación de esas leyes y
otras disposiciones normativas, Cuba continúa sin poder exportar e
importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados
Unidos, no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones
financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de
terceros países.

Tampoco se le permite a Cuba tener acceso a créditos de bancos en
Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.

A pesar de la retórica oficial que pretende convencer a la opinión
pública internacional de que el actual Gobierno norteamericano ha
introducido una política de cambios positivos, Cuba continúa también
sin poder comerciar con subsidiarias de empresas norteamericanas en
terceros países y los empresarios de terceras naciones interesados en
invertir en Cuba son sistemáticamente amenazados e incluidos en listas negras.

El recrudecimiento de la persecución de las transacciones financieras
internacionales de Cuba, incluida las que provienen de los organismos
multilaterales para la cooperación con la Isla, ha sido uno de los
rasgos distintivos de la aplicación de la política del bloqueo bajo la
actual administración.

Ahora, los líderes de los grupos más furibundamente anti-cubanos con
el control del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes del Congreso de los Estados Unidos, se aprestan a un
nuevo golpe en su obsesión contra Cuba, dirigido a impedir y
obstaculizar la presencia de compañías extranjeras interesadas en la
exploración de petróleo en la zona económica exclusiva de Cuba.

En ese sentido, la petición hecha a la Secretaria de Estado por el
Senador por Florida Bill Nelson el pasado 19 de mayo en la que reclama
a la administración intervenir ante el gobierno español para que la
petrolera española Repsol paralice las prospecciones que planea
realizar en Cuba, y la gestión en el mismo sentido de una delegación
del máximo nivel político del gobierno de los Estados Unidos en
Madrid, dirigida por Ken Salazar, Secretario del Departamento del
Interior, demuestra que el accionar contra Cuba no conoce fronteras ni
soberanías.

En el presente informe se consigna que el daño económico directo
ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico,
comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta
diciembre de 2010, a precios corrientes, calculados de forma muy
conservadora, asciende a una cifra que supera los 104 mil millones de dólares.

Si se toma en consideración la depreciación del dólar frente al valor
del oro en el mercado financiero internacional, que ha sido sumamente
elevada durante el año 2010, y mantiene una tendencia creciente, la
afectación a la economía cubana sería superior a los 975 mil millones
de dólares.

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